[Ahora] Habla en #AhíVamos por @lasuper963, el fiscal Luciano Garrido, a cargo de la causa por la muerte de un hombre en los calabozos de la #Comisaría21: "Secuestramos las imágenes de las cámaras de seguridad, que están en la antesala de los calabozos", dice
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Hoy (01/06) inicia el juicio a cuatro efectivos policiales a quienes se los investiga por la muerte de Matías Molina, un menor de edad que se encontraba detenido en la antigua Comisaría Tercera de Roca la tarde del 31 de octubre de 2008.
El delito por el que se los culpa a Roberto García, jefe de la Comisaría Tercera al momento del hecho; Luis Neguimán, subjefe de la unidad; Hector Fernández, oficial de servicio, y Hugo Paillalef, cuartelero, es por "homicidio culposo". Están acusados por haber incumplido sus respectivas obligaciones funcionales y reglamentarias en materia de conducción de la unidad, directivas, trato y resguardo de detenidos, tratamiento de menores de edad en unidades policiales, entre otros deberes asociados con la “posición de garantes” que les correspondía por su función.
José Molina, padre de la víctima, sostuvo instantes antes del inicio de la primer audiencia que "hace casi 10 años que mataron a mi hijo. Queremos que se haga Justicia para que esto no vuelva a pasar. A mi hijo me lo mataron", aseguró.
Detalló José que "mi hijo estaba en un proceso de abstinencia, porque había estado internado. Le dieron el alta y él se perdía porque estaba en el lapso de la abstinencia. El 31 de octubre en horas de la tarde llegó hasta un supermercado ubicado sobre la Ruta 22 y se quería tirar una zambullida en una pileta vacía por lo que el personal de seguridad le dijo que no había agua. Él veía agua. Llamaron a la policía, pero lo detuvieron y lo encerraron en un calabozo. No hicieron ninguno de los pasos que tenían que hacer", lamentó.
"Mi hijo era menor de edad, la ley dice que no lo pueden encerrar. Lo golpearon y lo terminaron matando y dijeron que se había ahorcado. Están las pruebas. Lamentablemente estas personas no son servidores públicos", agregó.
"El hecho debería ser caratulado como homicidio simple agravado que va de 8 a 25 años. Son servidores públicos, ellos no pueden quitarle la vida a una persona. Al ser homicidio culposo va de 3 a 5 años la pena", concluyó José Molina.
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